SL.P.- Jesús Sierra Acuña miembro del CPC del SEA, dio a conocer que a través de una resolución inédita emitida por un tribunal colegiado del noveno circuito con sede en la ciudad capital San Luis Potosí, se ordena la admisión de un Juicio de Amparo promovido por uno de los ciudadanos integrantes de la terna presentada por el Comité de Participación Ciudadana, para elegir de entre ellos a quien ocupe el cargo de Secretario Técnico del Sistema estatal Anticorrupción.

Debido a la negativa mostrada por los miembros del Comité Coordinador del SEA, que son Juan Pablo Almazán Cué, titular del Consejo de la Judicatura del estado, Juan Ramiro Robledo, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Paulina Sánchez, presidenta de la CEGAIP, Gabriel Rosillo, Contralor General, Elizabeth Cervantes, titular de la ASE y Jorge Vera, fiscal anticorrupción, para acudir a sesionar a convocatoria del presidente del CPC, a fin de elegir por votación directa a quien ocupe el cargo de Secretario técnico del SEA, de la terna que les fue presentada desde el día 12 de octubre del año 2018, el día de ayer el tribunal colegiado emitió una resolución mediante la cual ordena el estudio del amparo presentado, y les requiere para que informen los motivos por los cuales han sido omisos en acudir a las convocatorias emitidas a efecto de concretar la parte integral y sustantiva que falta en el sistema estatal anticorrupción.

Los titulares de las entidades estatales que son parte del SEA se han negado sistemáticamente a acudir a desahogar las sesiones, además de que algunos de ellos han manifestado objeción por la identidad de alguno de los miembros de la terna, respecto incluso de sus documentos presentados, por lo que esas posturas han obstaculizado que él SEA cuente con la figura del secretario técnico. Sin embargo, con esta resolución federal, se abre la posibilidad de que sean inmediatamente obligados a sesionar para tal fin o en su defecto, sancionados por la autoridad federal debido al inminente retraso de la instalación del SEA, que incluso podría derivar en un juicio político.

El Comité de Participación Ciudadana ha cumplido cabalmente con la parte que le corresponde para impulsar la instalación del SEA, pero es tan solo una de las siete partes que lo componen, por lo cual la negativa de estas autoridades para consolidarlo, se ha tenido que ventilar en el ámbito de la Justicia Federal.