Por Ismael Leyva

El pasado 20 de abril del 2023 el director General Aldo Gerardo Martínez Gómez director general de Investigación A adscrito a la Auditoria superior de la Federación entrego al Congreso de la Unión el expediente de Presunta Responsabilidad administrativa 2016-D24020-19-3-15-004-DN-2019/EPRA/1037/2021 compuesta por 337 fojas de las cuales este medio tiene copia integra.

La Investigación hace referencia a la obra “Construcción de nave industrial, construcción de acceso a la nave e Instalación eléctrica general para el centro de manejo integral de residuos en Matehuala S.L.P.”

La obra se realizo en el 2016 durante la administración 2015-2018 de José Everardo Nava Gómez, siendo gobernador del estado Juan Manuel Carreras, y donde el origen de los recursos para su construcción era en su mayoría federal de un monto total de $7,760,000.00 pesos.

Este medio en su momento dio a conocer el daño al erario que esta obra generó, aunque posteriormente el gobierno del estado a través de la SEGAM blindo la obra por periodo de 5 años para poder acceder a la información del expediente.

La administración de Alejandro Segovia en su momento interpuso una denuncia ante las diferentes instancias, por lo que la ASF y después de 7 años concluyo el proceso de investigación y encontró que existen elementos que permiten acreditar actos u omisiones presuntamente constitutivos de faltas administrativas que se califican como graves y la posible causación de un daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $454,760.39 pesos, presuntamente atribuibles a los funcionarios que en la época de los hechos se desempeñaron como Coordinador de Desarrollo Social Municipal y supervisor de obra, ambos del municipio de Matehuala, así como al contratista de la obra pública.

El daño al erario se concreto al momento de autorizar los pagos de conceptos de obra  no ejecutados y por la omisión que el responsable a cargo de la supervisión de la obra tuvo al autorizar las estimaciones de conceptos no ejecutados.

En el informe técnico se determinó también que el entonces tesorero del municipio no omitió haber ejercido correctamente el presupuesto, pues, aunque haya emitido los pagos al contratista de la obra, no era su obligación verificar que los conceptos de obra pagados estuvieran cien por ciento ejecutados.

El expediente también demuestra que en su momento no se pudieron solventar las observaciones que la auditoria superior del estado le solicito a los entonces funcionarios imputados.

La integración de las pruebas es bastante solida ya que integra, movimientos financieros, estimaciones, contratos, convenios con instituciones, nombramientos, actas, informes técnicos y pruebas físicas de la obra, por lo que se espera que en los próximos días se finquen las responsabilidades correspondientes.