Por Ismael Leyva Nava
En Real de Catorce no se gobierna en abstracto. Se gobierna sobre piedra, memoria y fe. Por eso, cuando el presidente municipal Javier Sandoval anuncia la intención de construir una estatua de San Francisco de Asís de 12 metros en cantera, no está hablando solo de una obra: está colocando sobre la mesa una decisión política con visión territorial. Gobernar, en este contexto, no es administrar inercias; es ordenar el desarrollo en un lugar donde todo pesa más, incluso el silencio.
La apuesta no es inédita ni improvisada. En Pueblos Mágicos del país existen obras monumentales de escala similar que, bien integradas, han operado como anclas de visita y motores de derrama. En San José de Gracia, el Cristo Roto (28 m) consolidó un circuito de turismo religioso que hoy estructura la oferta local: miradores, paseos lacustres y servicios asociados crecieron alrededor del santuario. En Taxco de Alarcón, el Cristo Monumental se volvió mirador icónico y punto obligado de la experiencia turística, complementando —no sustituyendo— al centro histórico. En Xicotepec de Juárez, la Virgen Monumental ordena peregrinaciones y picos de afluencia en fechas clave; y en Chignahuapan, la Inmaculada Concepción (12 m) es un hito cultural que fortalece la narrativa religiosa del destino. No hay milagros: hay planeación, relato y reglas.
Desde el punto de vista institucional, la autoridad municipal ha sido clara en algo que conviene subrayar: la aprobación del INAH es indispensable. En un municipio con Zona de Monumentos Históricos, esa ruta no es un trámite menor; es el blindaje que protege al patrimonio y a la administración. Planos, memoria descriptiva, análisis del entorno, materiales y ubicación precisa. Hacerlo así legitima la obra y reduce la discrecionalidad.
Aquí está el nudo del debate. El principal obstáculo no ha sido técnico ni normativo. El freno real proviene de intereses particulares que buscan convertir un proyecto de beneficio colectivo en una negociación privada. Ejidatarios que condicionan permisos a pagos, como si el desarrollo turístico fuera una renta personal. Defender el proyecto, en ese contexto, beneficia a la autoridad municipal porque afirma el principio básico de gobierno: el interés público por encima del peaje informal.
La contradicción es visible hoy mismo. Mientras se cuestiona una obra pública con reglas, ya existe lucro privado con la fe: cobros por fotografías en las manos de San francisco en hoteles privados, sin orden ni retorno comunitario. Frente a ese escenario, una escultura pública, autorizada y pensada para ordenar flujos resulta no solo viable, sino más transparente.
Si el Ayuntamiento conduce el proceso con proyecto ejecutivo público, aval del INAH y acuerdos claros sobre el suelo, el beneficio es tangible: más visitas, estancias más largas, consumo local y una experiencia turística coherente con la identidad del lugar. Eso hicieron otros Pueblos Mágicos y hoy lo capitalizan. Real de Catorce puede hacerlo también.
El punto no es el tamaño de la estatua. El punto es cómo se gobierna el patrimonio. Y gobernar, a veces, implica hacer lo correcto aunque incomode a quienes prefieren cobrar en corto plazo lo que el pueblo puede ganar en largo.
