Por Yoscelyn Bustamante

Las auditorías practicadas a las cuentas públicas municipales del ejercicio fiscal 2023 obligaron a alcaldes en funciones durante el periodo 2021–2024 a reintegrar recursos al erario, como parte de los procesos de fiscalización y rendición de cuentas.

Un total de 13 millones 986 mil 880.64 pesos fueron resarcidos por diversos ayuntamientos del estado de San Luis Potosí, luego de que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) detectara irregularidades administrativas, financieras o de ejecución del gasto durante la revisión de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2023.

El resarcimiento es una figura legal derivada de las auditorías, mediante la cual las autoridades fiscalizadas deben devolver recursos públicos cuando se comprueba un manejo indebido, pagos improcedentes, obras no acreditadas, faltantes documentales con impacto económico o erogaciones que no cumplen con la normatividad aplicable. Este proceso busca reparar el daño al patrimonio público, sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas o legales que pudieran derivarse.

De acuerdo con los resultados de las auditorías, uno de los montos más altos corresponde al municipio de San Luis Potosí, donde la administración encabezada por Enrique Francisco Galindo Ceballos realizó un resarcimiento superior a 11.2 millones de pesos, concentrando la mayor parte del total estatal. Le siguen San Nicolás Tolentino, con más de 531 mil pesos, y Cedral, con un reintegro de más de 46 mil pesos durante el periodo en el que fungió como presidente municipal Howard Francisco Aguilar Vergara.

Otros municipios que realizaron resarcimientos relevantes fueron Charcas, Tanlajás, Ahualulco, Tancanhuitz y El Naranjo, mientras que en casos como Tamazunchale, el monto reportado para 2023 fue de cero pesos, lo que indica que, si bien hubo observaciones, estas no derivaron en un reintegro económico directo.

El IFSE ha precisado que no todos los señalamientos de una auditoría implican automáticamente un resarcimiento, ya que muchas observaciones pueden solventarse con documentación comprobatoria. Sin embargo, cuando dicha solventación no es posible o se acredita un daño económico, procede la devolución de los recursos, conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí.

Este mecanismo forma parte del Sistema Estatal de Fiscalización y tiene como objetivo fortalecer la transparencia, la disciplina financiera y la correcta aplicación del gasto público en los municipios, cuyos recursos provienen en gran medida de participaciones federales, estatales y aportaciones que deben destinarse a obras, servicios y programas en beneficio directo de la población.

Los resultados de estas auditorías y los montos resarcidos son información pública, y constituyen un indicador clave del nivel de cumplimiento de las administraciones municipales en el manejo de los recursos durante el ejercicio fiscal 2023.