*.- El Instituto se encuentra preparado para la ejecución de estas auditorías del ejercicio en curso y/o anteriores.

*.- Cualquier persona puede presentar denuncias fundadas con evidencias ante el Congreso, la Comisión de Vigilancia y el IFSE.

*.- El Congreso podría solicitar la revisión de cualquier ente, al presumir manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos.

“Cualquier persona puede presentar denuncias fundadas con evidencias ante el Congreso, la Comisión de Vigilancia o el Instituto de Fiscalización Superior, cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos de cualquiera de las entidades fiscalizadas, sea del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores”, indicó el Auditor Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López.

En este caso, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, determinará por acuerdo de su titular la procedencia o no, de la revisión financiera de la entidad denunciada. Esto, con base en un dictamen técnico jurídico y contable que al efecto emitan las áreas competentes del Instituto; para su procedencia, las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a las haciendas públicas estatal o municipales.

Asimismo, el titular del IFSE señaló que al presumir el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos, el Congreso puede solicitar también al Instituto, la revisión inmediata de la gestión financiera de cualquiera de las entidades fiscalizadas, sea del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores, mediante la práctica de una auditoría especial.

La solicitud se formula mediante iniciativa de acuerdo económico resuelta por la Comisión, siempre que existan elementos de prueba suficientes para presumir el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos. Ante tal solicitud aprobada por el Congreso, el organismo de fiscalización debe proceder de forma inmediata a la revisión de la entidad denunciada.

Además, el IFSE está obligado a rendir un informe al Congreso de la revisión efectuada, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la conclusión de la auditoría y a promover las acciones que correspondan para el fincamiento de responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya lugar.

En este sentido, el Instituto se encuentra completamente abierto y preparado para la ejecución de auditorías especiales durante el presente ejercicio fiscal, ya sea a solicitud del Congreso o por denuncia ciudadana que proceda, una vez presentada conforme los requisitos de ley.