Abuso de la autoridad municipal contra funcionaria se denuncia ante el Senado
Por María Elena Yrízar Arias
Según se lee en La Prensa en Línea, de ayer, luego de denunciar supuestos actos de corrupción por parte de su superior, la oficial 11 del Registro Civil en San Luis Potosí fue desalojada violentamente y puesta a disposición de un juez calificador por supuesta resistencia a las autoridades, aun cuando la afectada contaba con un nombramiento, el cual la asignada a realizar sus funciones dentro del edificio público.
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que policías municipales del San Luis Potosí someten violentamente a la abogada María Teresa Carrizales, quien fungía como oficial del Registro Civil, pero fue desalojada de su oficina luego de haber denunciado actos de corrupción por parte del secretario general Sebastián Pérez García, luego de lo cual, el titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal realizó un operativo para que la abogada abandonara las oficinas del Registro Civil, la afectada se negó, pues contaba con un nombramiento, el cual fue ignorado por los uniformados, seguido de esto comenzó un forcejeo que derivó en un brutal sometimiento.
Según el relato, resulta que tres policías uniformados siguieron indicaciones de sus superiores para someter a la Carrizales, quien trata de sujetarse de su escritorio, pero se vio rebasada en número y por la fuerza de los oficiales, los mismos la someten en el piso y le ponen candados de mano para finalmente cargarla para desalojarla del edificio público.
Durante la agresión la abogada se queja y grita, además de exclamar acusaciones por su arresto. Según se escucha en el video, la abogada Carrizales al ser sometida, decía: “Les dije que se estaba robando el dinero de las oficiales, les estaba cobrando de más a los usuarios, y lo enfrenté, y están las notas en el periódico”, vociferaba Carriles mientras los oficiales la cargaban hacia afuera del edificio. “Y me amenazaron antes de esto, y les dije que no me iba a dejar, que iba a seguir diciendo lo que es, es un ladrón, un corrupto, eso es”, agregó refiriéndose al secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Sebastián Pérez García. Según testigos, al lugar de los hechos llegaron Olga Palacios, coordinadora de Derechos Humanos Municipal de la capital y un representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quienes nomas vieron, pero no hicieron nada en el abuso de la fuerza pública contra una funcionaria. Por haber sido tres hombres contra una mujer. Según la declaración de la ofendida, también concurrió al despojo Alejandra Villarreal Loo, en su carácter de coordinadora de las oficialías del Registro Civil, quien se jacta de ser hermana del diputado panista Ricardo Villarreal Loo y por eso “puede hacer y deshacer”, entre otras funcionarias públicas que permitieron la agresión.
La senadora de la República por San Luis Potosí, Leonor Noyola Cervantes, llevó el tema de la agresión ante el Senado. Manifestó ayer su indignación contra los agravios sufridos por la oficial del Registro Civil Teresa Carrizales, al mismo tiempo le expresó a esta su solidaridad.
Informó además que dará a conocer en las comisiones del Senado dichos ultrajes, esto “a fin de que el país esté enterado de la ineptitud, intolerancia y represión con que gobierna en San Luis Potosí el nieto de Salvador Nava Martínez”. Según publicación de ayer de Código San Luis y refiriéndose a las palabras del presidente López Obrador, la legisladora del PVEM señaló: “Como bien dice el presidente, ‘fuera máscaras’, ya es tiempo de que todos conozcan que Nava encabeza un gobierno denunciado por la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Un gobierno que no respeta ni a las mujeres que sirven al mismo Ayuntamiento, como es el caso de la abogada Carrizales, a la que le expresamos todo nuestro apoyo”. Comentó además que, a su juicio, “lo único que le faltaba a esta desastrosa administración municipal era caer en actos fuera de la ley, violando no sólo garantías constitucionales y laborales, sino reprimiendo a mujeres que se atreven a defender sus derechos”.
Expresó además la senadora que lo ocurrido a la profesionista no se trata de “un hecho aislado”, sino de una dinámica de gobierno que refleja “incompetencia y poco respeto a la ley”. “De ahí que –detalló– las irregularidades y la ineptitud que estamos viendo respecto al operativo antialcohol, los ambulantes, los indígenas, y con sectores populares que tienen que carecer todos los días de servicios tan elementales como el del agua potable”.
A los anteriores hechos, un ciudadano de nombre Juan José del Ángel, opinó sobre la anterior nota: “Sres. Legisladores y senadores la leyes se han suscrito para aplicar sin distingos y cuando el municipio viola la soberanía del estado es aún peor porque se violenta el estado de derecho jerarquico es imperdonable la actuación de la autoridad preventiva, y más aún de la autoridad municipal ordenando y ejecutando, la comisión de derechos humanos negligente en sus competencias, recae juicio político a todos y destitución amén lo que establece la constitución política de los estados unidos y la local. Reciba mí más amplio respaldo a la abogada que sufrió este altercado”.
Otra opinión al respecto de Carla Arellano dice: “Muy bien Noyola. Todo el apoyo a la Lic. Teresa Carrizales y que se sepa como son los Nava de hoy”. Un asunto como este pudo haberse solucionado con el diálogo. Un oficial del Registro Civil no lo nombra el presidente municipal. Él puede proponer a la Dirección del Registro Civil y al secretario general de Gobierno del Estado, que destituyan a quien no les parezca y que se nombre otro oficial. Eso sí puede hacer un presidente. Lo que no puede hacer, es destituir o despojar o desalojar a un funcionario público, haciendo uso de la fuerza pública. Porque ese no es el procedimiento legal. Eso es ilegal, así de simple.
Ahora bien, abusar del uso de la fuerza pública también es un acto de barbarie en contra de una frágil mujer. Si la autoridad no cumple con la legalidad, entonces, pierde su calidad moral en que debe sustentarse la autoridad política. Además, supongamos que ya no quisiera a la oficial, pues, el trámite es de carácter administrativo. Ahora bien, la ofendida, hizo la correspondiente denuncia penal y además de describir todos los agravios que recibió, más demostrar los moretones en su cuerpo, agregó que le robaron de su oficina su laptop, 20 mil pesos en efectivo y otros objetos personales, por lo que el viernes pasado acudió a interponer la denuncia correspondiente, además agregó que el titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en la capital, Óscar Jiménez Arcadia, se disculpó y dijo que fue obligado. Lo penoso del asunto es que el presidente municipal capitalino Xavier Nava, secretario Sebastián Pérez García y la misma afectada, son abogados, por lo tanto, son técnicos en legalidad.
Entonces, ¿cómo la autoridad municipal aplica la violencia en sus propias oficinas administrativas? De ser cierto lo declarado por el titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, de que fue obligado, entonces, qué se pude esperar de estas autoridades en relación a los ciudadanos comunes y corrientes si eso lo hacen con un funcionario. Son lamentables estas conductas, lo que denigra y exhibe a las autoridades municipales y evidencia el abuso del poder. Este problema se pudo evitar, pues es un asunto doméstico dentro del Ayuntamiento capitalino y se pudo haber evitado que trascendiera hasta la más alta tribuna del país. Bueno, hasta la diputada federal Guadalupe Almaguer Pardo expresó su indignación sobre este asunto. No se vale.
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