Alcaldesa de Catorce en riesgo de ser destituida del cargo
Por Yoscelyn Bustamante
Este medio documento ampliamente las altas tarifas de agua que se aprobaron tanto en el cabildo de Catorce, como el Congreso del estado en su ley de ingresos municipales (sin justificar) que le permitieron cobrar las tarifas de agua más caras del país, ademas de instalar medidores sin aviso, y sin mostrar algún certificado de metrólogia que avalaran el conteo correcto del aparato y que si bien, es una buena medida para contabilizar el gasto de cada usuario, con las tarifas aprobadas resultan cuentas mensuales que rondan hasta en los 25 mil pesos mensuales para prestadores de servicio, ademas de nunca elaborar un contrato con el usuario para la instalación de medidores en su domicilio, ni si quiera se aprobó en cabildo su instalación que es una decisión que impacta a todos los habitantes del municipio, por lo que era una obligación del cabildo hacerlo.
Tomando en cuenta lo anterior muchos usuarios consideraron las acciones del municipio y sus trabajadores foráneos medidas netamente recaudatorias, cobro irregular, y abuso de autoridad, por lo que decidieron promover un juicio de amparo contra la ley de ingresos propuestas por Chiquis Carrillo.
Ante este escenario la alcaldesa convoco a los afectados para llegar a un acuerdo y segun testimonio recaudado por este medio les informo: «A mi, me cuesta 120 mil pesos pagar la luz, al personal y la cloración del agua, y ustedes no la quieren pagar» a lo que los afectados le comentaron que no era justo que se les cargara la mano solo a ellos, ya que los recibos de agua de por lo menos tres de ellos, los afectados, les salía entre 11 y 25 mil pesos cada mes, es decir que entre dos usuarios de servicio medido cubren poco mas del 25% del costo de distribución de agua en toda la cabecera.
Al final se acordó establecer una cuota fija al servicio medido entre 6 y 9 pesos el metro cubico, lo cual no se ha concretado a la fecha, Después de esto, la presidenta ordeno la suspensión del suministro de agua a toda la población y después a ciertos sectores, justificando que por que algunos habían promovido los amparos, ahora nadie iba a tener agua, lo que ha generado una especie de confrontación ciudadana y un desprecio manifiesto a la autoridad municipal.
En esta semana, y en razón de que los juicios de amparo siguen su curso, la presidenta municipal ordeno cortar el agua a varios de los inconformes que promovieron juicios de amparo, estos últimos les dijeron a empleados municipales para realizar dichos cortes, que el agua no se podía cortar en razón de que el juez de distrito había concedido varias suspensiones definitivas para que no se cortara el agua, hasta en tanto se resolviera el juicio, los trabajadores del Municipio hablaron con varios funcionarios y estos les dijeron que ningún juez mandaba en catorce, solo la presidenta municipal y cortaron el agua.
Ahora, se tuvo que denunciar al juez tales actos, colocándose la presidenta municipal en los siguientes casos.
Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión:
III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;
Por lo anterior se puede percibir que la inexperiencia de la funcionaria publica y las arbitrariedades que se han cometido en su administración la colocan en una situación de riesgo a ser destituida e inhabilitada.
