BUSCAN REGULAR EN EL SECTOR PÚBLICO LA CONTRATACIÓN DE CRÉDITOS, BIENES Y SERVICIOS CON DISTINTAS PERSONAS DEL SECTOR PRIVADO.

EL OBJETIVO ES EVITAR CLÁUSULAS RUINOSAS, VENTAJOSAS, O QUE ATENTEN CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.

EL DIPUTADO JESÚS EMMANUEL RAMOS HERNÁNDEZ PRESENTÓ UNA INICIATIVA DE REFORMA INTEGRAL Y COMPLETA A DISTINTOS ORDENAMIENTOS LEGALES.

El diputado Jesús Emmanuel Ramos Hernández presentó una iniciativa de reforma integral y completa a distintos ordenamientos legales en el Estado de San Luis Potosí con el objetivo de regular, limitar e impedir que los distintos órganos de gobierno encargados de contratar créditos, bienes y servicios con distintas personas del sector privado y financieras, establezcan en los mismos cláusulas ruinosas, ventajosas, o que atenten contra el patrimonio de las instituciones públicas, que a su vez se ve reflejada en una disminución de bienes y servicios para la ciudadanía, contemplando además sanciones penales y administrativas para los servidores públicos que incumplan con estas disposiciones.

Con esta iniciativa de reforma se propone, en primer lugar, establecer como limitante o prohibición en las Leyes de Adquisiciones, de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios, todas del Estado de San Luis Potosí, el que se pacten indemnizaciones o cláusulas penales con cargo a la institución pública que superen el quince por ciento del total del valor del contrato, evitando de esta manera que se contemplen candados ventajosos para los contratistas que impidan a las dependencias públicas contratantes rescindir los contratos por alguna causa legal o contractual, como sucede en la actualidad en donde entes gubernamentales no pueden rescindir contratos que dañan el patrimonio público por la existencia de dichas cláusulas, superando en muchos casos el noventa por ciento del valor total del contrato.

Boletín Informativo. Dip. Jesús Emmanuel Ramos Hernández. Sábado 24 de noviembre de 2018.

En virtud de que se trata de una reforma integral, y con la finalidad de establecer con claridad y contundencia las limitaciones a que nos hemos venido refiriendo, se propone adicionar dos fracciones al artículo 32 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que trata de los impedimentos de los ayuntamientos para que éstos queden expresamente impedidos para pactar indemnizaciones o cláusulas penales con cargo a las entidades municipales que superen el quince por ciento del total del valor del contrato y establezcan cualquier tipo de penalización o indemnización para el caso de que decidan reestructurar, refinanciar, o pagar anticipadamente créditos contraídos.

Por último, el presente proyecto establece adiciones al Código Penal del Estado, estableciendo conductas infractoras y penales que permitan un castigo para los Servidores Públicos que afecten el Patrimonio Público, estableciendo o pactando indebidamente las indemnizaciones o cláusulas penales de que hemos venido hablando.

Esta propuesta persigue los principios de responsabilidad patrimonial, economía, legalidad y practicidad entre otras, mediante la reforma-adición de los numerales 50 Bis de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, 62 Bis de Ley de Asociaciones Público-Privadas en Proyectos para la Prestación de Servicios del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 107 Bis de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, 32 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, 323 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.

Esta iniciativa de reforma del diputado Ramos Hernández se turnó a las comisiones de Hacienda del Estado; Desarrollo Territorial Sustentable; Puntos Constitucionales; y Justicia, para su análisis correspondiente.