Por Yos Bustamante

En el corazón del Altiplano Potosino, entre los kilómetros 92 al 100 de la carretera federal 57, en dirección norte a sur, se desarrolla un ecocidio silencioso frente a los ojos de miles de automovilistas, incluidos vehículos oficiales de la PROFEPA. A la altura de la comunidad de El Huizache, en el municipio de Guadalcázar, decenas de cactus —algunos de ellos protegidos por la ley— son comercializados a plena luz del día, sin que autoridad alguna intervenga.

Lo que parece un simple tianguis de plantas es en realidad un punto crítico de extracción, tráfico y venta ilegal de especies endémicas, únicas en el mundo. Ejemplares de Turbinicarpus, Ariocarpus, Astrophytum y Echinocactus —muchos enlistados en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT por encontrarse en peligro— son extraídos de su hábitat natural y vendidos como recuerdos o adornos de jardín, ignorando su altísimo valor ecológico y su fragilidad como especie.

México es el país con mayor diversidad de cactáceas en el mundo, y el desierto potosino es uno de sus bastiones más importantes. Este saqueo no es solo una problemática local; es una crisis nacional de conservación. Se trata de una clara violación a la Ley General de Vida Silvestre, que prohíbe la extracción y comercialización de especies protegidas sin autorización, y del Código Penal Federal, que sanciona con años de prisión el tráfico ilegal de flora en peligro. Incluso se transgreden acuerdos internacionales como el CITES, que protege a estas especies del comercio internacional no regulado.

A pesar de la gravedad del asunto, las camionetas de la PROFEPA han sido vistas circulando por la zona sin realizar inspecciones ni asegurar los ejemplares en venta. Esta omisión institucional no solo agrava el problema, sino que permite su normalización.

La raíz de esta práctica, sin embargo, también tiene un componente social. Las personas que venden estas plantas, muchas veces de comunidades marginadas, recurren a esta actividad como único medio de subsistencia. El abandono económico en la región ha obligado a la población a depender de la explotación directa de su entorno natural.

En este sentido, ni el gobierno federal ni el estatal han implementado, hasta ahora, estrategias efectivas para ofrecer alternativas reales de empleo sustentable. No existen programas sólidos que incluyan capacitación, incentivos productivos o cadenas de valor que aprovechen los recursos del desierto sin destruirlo. Los programas de Bienestar han sido insuficientes y no se han enfocado en la conservación comunitaria como vía de desarrollo.

La falta de vigilancia, la omisión institucional y la ausencia de políticas públicas integrales están destruyendo el ecosistema del Altiplano potosino. Lo más alarmante es que estamos perdiendo especies que no existen en ningún otro lugar del planeta, muchas de ellas con funciones ecológicas clave y un profundo valor biocultural.

El saqueo de los cactus en El Huizache no es una simple venta ambulante: es un crimen ambiental tolerado por la indiferencia. Urge que las autoridades actúen con decisión, que se detenga la impunidad y que se creen opciones sustentables para que los habitantes de la región puedan vivir dignamente sin destruir su propio territorio.