Por José Ismael Leyva Nava
El 15 de junio de 2020 el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró a los diputados federales de Morena que durante la emergencia sanitaria por covid-19 no habrá cortes de energía eléctrica. En reunión virtual con el grupo parlamentario encabezado por Mario Delgado, el funcionario se comprometió a revisar los casos incluso del aumento de tarifas en el marco de la pandemia.
La realidad fue otra en el país, pues a más de medio millón de mexicanos se les corto la energía eléctrica en sus casas durante la época más difícil de la pandemia y durante el confinamiento que el mismo gobierno federal alentó en su programa quédate en casa.
San Luis Potosí no se libro de los cortes, este medio obtuvo a través de una solicitud de transparencia los datos de cuantos cortes domiciliarios, comerciales e industriales se realizaron durante los meses de marzo, abril y mayo del presente año.
Los cortes de energía eléctrica a casas habitación se hicieron en 22,977 hogares, a locales comerciales se hicieron en 6,239 negocios y a la industria en 129 fabricas
Mientras que en otros países del mundo los gobiernos aprobaban medidas emergentes para proteger a sus ciudadanos en su economía, por ejemplo:
El gobierno de El Salvador aprobó la suspensión del pago de la luz y el agua como medida para mitigar el impacto económico por la crisis del coronavirus, desde el 19 de marzo el presidente de esta nación Nayib Bukele, aprobó también la suspensión del pago del teléfono y el internet por tres meses.
Panamá aprobó un proyecto de ley para la que las personas con un salario inferior a 2 mil dólares mensuales, trabajadores despedidos, desempleados, jubilados o pensionados puedan dejar de pagar sus servicios de electricidad, entre otros servicios como telefonía móvil e internet por cuatro meses.
El gobierno de Bolivia pagará la luz de las familias con recibos menores a los 17 dólares aproximadamente.
En Europa, los franceses suspendieron el pago de la electricidad y el gas a las pequeñas empresas y a las personas que rentan (solamente si su arrendador asume el pago).
