Por José Ismael Leyva Nava

Durante el informe general que realizo la Auditoria Superior del Estado (ASE) se dio cuenta que la contraloría General del Estado de San Luis Potosí, cuyo titular es Gabriel Rosillo Iglesias, en lo que corresponde a la auditoria del poder ejecutivo, no fue proporcionado por la Contraloría del Estado a la ASE, los mapas de administración de riesgo, así como los reportes semestrales y/o anuales de comportamiento de los riesgos de cada una de las instituciones de la administración publica estatal.

Con relación a la auditorias de desempeño, la Contraloría general del Estado no llevo a cabo la verificación periódica de los resultados de la ejecución de los programas y presupuesto con base en el sistema de evaluación del desempeño, de conformidad con lo dispuesto en el Art 79 de la Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y municipios del Estado de SLP, en particular se omite el seguimiento y la evaluación a los programas presupuestario que las entidades comprometen mediante la ley de presupuesto de egresos del Estado.

La ley de fiscalización en su articulo 16 fracción XI marca que la ASE tiene la atribución de solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a juicio de la Auditoría Superior del Estado sea necesaria para llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la misma, que obren en poder del ente fiscalizado, en este caso la Contraloría del Estado, que fue omisa a los requerimientos que les hacia la ASE de los mapas de administración de riesgo, los reportes semestrales de todas las instituciones del gobierno del estado, incumpliendo con la ley.