El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una crisis financiera y operativa sin precedentes, derivada de un recorte de 8 mil 855 millones de pesos en su presupuesto 2025. Esta reducción ha obligado al organismo a tomar medidas drásticas, como eliminar 33 mil 942 plazas, recortar programas esenciales y posponer proyectos clave para garantizar la organización de la elección judicial.

Entre los sacrificios destacados están la cancelación de la difusión del proceso judicial, el mantenimiento de infraestructura propia, la creación de nuevos partidos, la observación internacional y programas de protección a mujeres. Pese a estos ajustes, el personal permanente se mantiene casi intacto, con la eliminación de 251 plazas, aunque se anticipan despidos de empleados contratados por honorarios. Además, la fiscalización de la elección judicial y de nuevos partidos también se verá afectada.

Mientras el INE enfrenta estas limitaciones, los partidos políticos recibirán en enero un total de 583.6 millones de pesos en prerrogativas, la cifra más alta registrada en un solo mes. Este incremento se debe a la desaparición del PRD, cuyos recursos se redistribuyen entre Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y PT.

La organización de la elección judicial también enfrenta retos legales y operativos. Aspirantes al Poder Judicial, incluyendo ministras, jueces y magistrados, se promueven antes del inicio formal de las campañas, aprovechando un vacío jurídico en la legislación electoral. Además, decisiones contradictorias entre jueces federales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han generado incertidumbre sobre la legalidad de suspender el proceso electoral.

El Comité de Evaluación del Poder Legislativo, respaldado por senadores y diputados de Morena, ha rechazado suspender la selección de aspirantes a juzgadores, afirmando que la elección se realizará el 1 de junio conforme a la Constitución. Sin embargo, la organización del proceso sigue siendo objeto de amparos, suspensiones y multas impuestas a integrantes del INE.

Con solo 142 días para la jornada electoral, el INE se enfrenta a un panorama complejo, con tensiones entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y una opinión pública atenta al desenlace de esta crisis.