EL CENIT

Por: Raúl Axel Mayorga Molina*

Instituciones, ¿para qué?

Hay de sobra motivos para sospechar de los cambios que hubo las pasadas semanas y que atañen directamente a las instituciones de procuración de justicia.

A nivel nacional, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) perdieron a sus titulares (la primera por renuncia y la segunda por remoción) mientras que aún no hay fiscal anticorrupción. El legislativo ha sido muy omiso y ha mandado al diablo a las instituciones de una manera cínica y lesiva contra el país.

No tener un procurador, figura que ya no debería existir puesto que la reforma política de 2014 le dio autonomía y un cambio de nomenclatura a la procuraduría, es grave pues, aunque hay un encargado de despacho, éste no tiene las atribuciones que el titular confirmado por el Senado ostenta. Mientras que descabezada la FEPADE, la persecución de delitos electorales queda en suspenso… ¡y en pleno año electoral! Ahora, la cámara alta deberá recibir la terna que envíe el Ejecutivo Federal y decidir al sucesor de Santiago Nieto, lo cual se volverá a prestar al jaloneo para ver qué grupo parlamentario se impondrá.

(Por cierto, se me está olvidando que el Senado tampoco ha confirmado a los 18 aspirantes a magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa).

Ciertamente, nos están quedando a deber muchas los senadores y senadoras de la República. Es una pena, como ya dije, que les pueda más sus intereses partidistas y personales, que el de tener una visión de Estado y dotar de elementos al mismo para que se atiendan asuntos muy urgentes, como lo es el combate a la corrupción y la impunidad, temas que no están en boga gratuitamente, sino que afloran por la mezquindad y avaricia de desleales servidores públicos.

Para finalizar este punto, aquí en el estado ya fue elegido por el congreso local el primer Fiscal General de Justicia. Federico Garza Herrera, quien ya era el procurador, será quien encabece esta nueva dependencia. Su nombramiento no está libre de polémica: fue planteado impugnarlo por diversos grupos ciudadanos dado que el gobernador Carreras no cumplió con el procedimiento, que estipulaba que el titular del Ejecutivo estatal hiciera una consulta para formular la terna.

El fuero: crónica de una muerte anunciada

Otro asunto relativo a nuestra entidad es la entrada en vigor de la reforma constitucional que elimina el fuero para los servidores públicos. Se supone que así los servidores públicos (presidentes municipales, regidores, síndicos, diputados locales) no serán vistos y deberán intentar ser tratados como ungidos, tocados por la divinidad e intocables ante la comisión de falta o delito alguno.

La reforma, promulgada en el periódico oficial el 30 de octubre, es un paso hacia adelante, a un régimen democrático donde nadie es más que los demás, en el que se supone hay piso parejo y todos somos iguales ante la ley. Lo más notable no es que los partidos se hayan tocado el corazón, pues una dádiva de este tipo es difícil quitárselas a las élites; el quid es que esta reforma fue un logro ciudadano por entero y sin duda la clase política se lo tuvo que pensar dos veces, pues una exigencia rotunda no podía ser pasada por alto ni ignorada. Ello hubiese sido un suicidio político, especialmente en tiempo de elecciones.

¡Enhorabuena por el pueblo potosino! Ahora, nuestro deber es bajar de sus altares a los políticos que se creen dueños del poder, amos y señores de ayuntamientos, curules y demás espacios de toma de decisiones. El que manda es el pueblo y ellos son los empleados que deben rendir cuentas puntualmente.

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Muchas gracias por leer y compartir esta columna. Espero sus comentarios, ¡hasta la próxima!

*Estudiante de Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Trabajador de la Educación. Activista, poeta y catlover.