16 julio, 2018

EL CENIT

Por: Raúl Axel Mayorga Molina

 

La recomposición del tablero

Después de las elecciones, el tablero político a nivel nacional se está reacomodando, con la vista puesta en el nombramiento de Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. Eso todavía no ocurre, dado que el Tribunal Electoral federal está esperando que se cumplan los tiempos que las leyes establecen. Sin embargo, la constancia de mayoría y validez de la elección presidencial será algo que veremos antes del 6 de septiembre, fecha límite por parte de la autoridad jurisdiccional para entregar ese documento. Mientras, en los demás espacios públicos e institucionales, comenzarán a tejerse nuevas alianzas y a rodar cabezas, para apagar las ansias de sangre que existen en el interior de partidos y gobiernos locales que no se explican por qué sus candidatos no ganaron ante el tsunami obradorista.

En San Luis Potosí, los dedos acusadores señalan por una parte del gobernador. El doctor Carreras se escuda, como otros mandatarios estatales, en que el candidato José Antonio Meade no logró cautivar al electorado. Lo que no se dice y seguramente sí se dirá después del 1 de diciembre, es que mucha de la culpa de que el PRI fuera vapuleado en los pasados comicios y enviado a una penosa 5ª posición en el Congreso de la Unión, es responsabilidad del presidente Enrique Peña Nieto. Él y su gobierno, que medios informativos de todo el globo bautizaron en el ya lejano 2013 como “mexican moment”, dilapidaron la confianza que la gente les dio en el proceso electoral de 2012 y que para muchos era un viraje respecto al sexenio sangriento de Felipe Calderón.

Peña pronto mostró el verdadero rostro de ese “nuevo PRI” que representaban él y personajes tan funestos como los exgobernadores Javier y César Duarte y Roberto Borge. Pronto, la corrupción (que ya existía en el sistema político) se hizo visible y a ello hay que sumarle hechos lamentables contra los derechos humanos, como la masacre de Tlatlaya, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y la matanza de Chilapa, entre tantos otros hechos delictivos. Y es precisamente la inseguridad la que ha hecho más desastrosa a esta administración, al situarse ésta por encima de la de Felipe Calderón, en cuestión de asesinatos y crímenes de alto impacto.

La gente votó teniendo eso en cuenta. El discurso del sexagenario López Obrador contra la impunidad y la corrupción fue la que ayudó a que el electorado le diera el voto y que obtuviera 53% de los sufragios. Sobre esto, los miembros de los partidos que integraron la coalición “Juntos Haremos Historia” deben tener claro que 30 millones de personas les dieron un bono y una obligación: cumplir con sus promesas. No votaron tanto por el proyecto de Nación de AMLO, eso está claro, pero sí porque se refunde el panorama.

Precisamente por eso no ganó Ricardo Anaya. En ningún momento, Anaya se convirtió en el candidato antisistema, por más veces que prometiera meter a la cárcel a Peña Nieto o por más que dijera que su gobierno sería el de la innovación y la modernidad. Anaya fue percibido por los votantes como un político más del sistema, que quizás redibujaría la figura, pero no el fondo. Además, los dichos sobre actos de corrupción que se le imputaron pusieron en duda su honestidad, característica que precisamente López Obrador ha cultivado (además de la austeridad) toda su carrera.

En fin, las cosas van cambiando y en lo que va del mes de julio el imaginario ya sitúa a AMLO en Palacio Nacional despachando, reviviendo si acaso un eco del presidencialismo de antaño, pero sujeto a las propias trampas que se puede haber tendido al prometer cosas que parecen alejadas de la realidad mexicana. Y es esto lo que nos remite de nueva cuenta al tema de la corrupción, que si bien el virtual presidente electo no ha sido señalado jamás de tal cosa, no así algunos de sus cercanos, así como también gente que incorporó a su partido, Morena, en los últimos tiempos y que hicieron carrera en el PRI, en el PAN, en el PRD y que se sumaron, pareciera, por conveniencia y por no quedar fuera del gobierno.

El reconocimiento que hicieron gobiernos extranjeros, especialmente el estadunidense la semana pasada al visitar a AMLO una delegación de alto nivel por parte del presidente Donald Trump, ha calado hondo en los cotos de poder del país. Y eso si no consideramos que no hubo impugnación alguna contra la elección y el reconocimiento de la derrota que hicieron el mismo día Meade, Anaya y Rodríguez Calderón. Por otro lado, hay dudas sobre el poder casi ilimitado que tendrá AMLO durante la primera parte del sexenio, dada la mayoría en ambas cámaras del Congreso. Mucha gente se da golpes de pecho, más son esos mismos los que no dijeron nada cuando el PRI y aliados utilizaban la aplanadora legislativa para decretar leyes y reformas constitucionales, a veces saltándose el trámite y la discusión. Esos mismos que se espantan de ello y los cambios que haga el siguiente gobierno en cuestión de normas jurídicas, tendrán que aprender a ser oposición y a hacer lo que simpatizantes de izquierda hicieron durante décadas.

A nivel local, es decir estatal y municipal, no pintan diferentes las cosas. El PRI vuelve a ser minoría en el Congreso local y de un diputado en la presente legislatura, en la siguiente Morena pasar a tener ocho. Dicen los que conocen la vida interna del legislativo potosino, que el gobernador ya se esperaba esto y está listo para negociar con quienes sea para sacar adelante, ya sin penas ni glorias, la segunda y última parte de su gestión. Empero, aparece un elemento que nadie preveía, es decir la figura del coordinador estatal del Gobierno federal, que será un freno presidencial del poder omnímodo de los gobernadores en sus entidades. Aquí, fungirá como tal Gabino Morales, quien ya presidió Morena a nivel estado cuando fue fundado, que se ha desempeñado como enlace del CEN de Morena con el comité directivo estatal y ahora plantará cara al doctor Juan Manuel Carreras en cuestiones financieras y políticas. No por nada medios a nivel nacional bautizaron a estos coordinadores como “vicegobernadores”.

En el plano matehualense, el presidente municipal electo, Alejandro “Jano” Segovia, empieza a evaluar cómo recibirá de manos de José Everardo Nava la administración pública. Todo indica que las cosas se encuentran en peor estado a como las recibió el otrora empresario gasolinero y se las entrega al excajero en difíciles condiciones. Por lo visto, tan así que el primer año de gobierno, habrá mucha austeridad, se sacarán adelante sólo los pendientes y proyectos ya contemplados desde trienios pasados y posiblemente despidos y cambios en la estructura orgánico funcional del Ayuntamiento. Lo que venga después dependerá de qué tan bien el presidente electo Segovia cultive buenas relaciones con el gobierno estatal y especialmente con el Gobierno federal. Para eso ya entró en pláticas con Ariel Chávez, Chelito Carmona y Lucía Molina para crear, a través de estos personajes, puentes que le permitan una buena interlocución con Gabino Morales y demás futuros funcionarios federales. Pero cuidado se debe advertir al próximo alcalde, porque no vaya a dinamitar sus posibilidades si se mete en el fuego cruzado de los grupos que representan Chávez y Carmona por un lado y Molina por el otro.

 

Raúl Axel Mayorga Molina (San Luis Potosí, S.L.P., 1990) es estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México en la modalidad a distancia.

 

 

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