El problema de la inseguridad permea hasta en los políticos

Por Maria Elena Yrízar Arias

Esta semana, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, asistió a la 54 Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), evento que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Villahermosa, Tabasco, al que concurrieron, además de los gobernadores, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y algunos miembros del gabinete presidencial.

En dicha reunión, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, presentó un informe sobre el estado de la seguridad nacional que fue discutido por los presentes en una mesa de trabajo con la Fiscalía General de la República. Allí intervinieron varios gobernadores expresando sus criterios sobre la ineficacia del actual Sistema Penal Acusatorio y concluyeron en la necesidad inmediata de presentar una nueva propuesta al Congreso de la Unión, para que sea analizada, discutida en las comisiones y votada en un periodo extraordinario de sesiones, para volver a este sistema más justo y eficaz.

En la clausura del evento intervino Peña Nieto, quien convocó a los gobernadores a redoblar esfuerzos en materia de seguridad y a seguir trabajando de manera conjunta, más allá del proceso electoral.

Posiblemente lo anterior obedezca a la idea que se ha generalizado de que el Sistema Penal Acusatorio tiene una puerta circular de torniquete, ya que por un lado entran y por la misma salen, lo que al parecer ha dado lugar a que se piense que se protege a los delincuentes, pues algunos por ejemplo roban y salen de inmediato, sin pisar baranda. Lo que se percibe como injusto e incrementa la delincuencia y consecuentemente la inseguridad que prevalece a todos los niveles.

Es tan fuerte este sentimiento de que no es eficaz el sistema actual acusatorio, que el ciudadano común piensa que no tiene ningún caso denunciar un delito, porque se pierden más horas en esperar que sea atendido por los ministerios públicos, para que cuando sean aprehendidos los delincuentes, estos salgan libres y todavía se den el lujo de burlarse de aquellos que los han acusado. Lo que hace más grande el sentimiento de desprotección de las autoridades a la ciudadanía.

Los niveles de violencia potosina han permeado hasta con los candidatos a puestos de elección popular, muestra de ello se tuvo el fin de semana, tanto en Aquismón, donde panistas hicieron un bloqueo obstruyendo las vías de comunicación, y en la madrugada del domingo en Ciudad Fernández, donde fue quemada una camioneta propiedad de Jesús Quintero Díaz, candidato a presidente municipal de ese municipio por el Partido Verde.

Como consecuencia de lo anterior, tanto Jesús Quintero como el candidato del mismo partido Verde en Matehuala, Alejandro Segovia, promovieron juicios de amparo, donde el juez de distrito ha ordenado al gobernador Juan Manuel Carreras, al fiscal Federico Garza y al secretario de Seguridad, Jaime Pineda, gestionar lo necesario para proteger la vida de los  candidatos y advierte de la estricta responsabilidad que tienen como autoridades. También exige activar protocolos de protección a la vida para que los políticos queden a salvo de cualquier acto u orden tendiente a desaparición forzada, riesgo de perder la vida, ataque y otras agresiones que puedan sufrir, para ponerlos a salvo frente a las diversas amenazas de las que, según ellos, han sido objeto por parte de “gente del gobernador”, mismo amparo que les fue concedido y ordena a la autoridad responsable el cese inmediato de cualquier acto u orden tendiente a la desaparición forzada y emplaza al gobierno, a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad para que en un término de 24 horas cumplan con esta resolución. Entonces, ¿por qué estos candidatos tienen que hacer efectivas sus garantías mediante juicios de amparo, si ambos son diputados locales? Que no se supone que forman parte de la elite del poder. Pero parece que ellos, los candidatos del partido Verde, tienen algunos temores con los que al parecer han fundado y motivado su Juicio de garantías constitucionales.

Ante los señalamientos del Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA), que acusó al gobernador, Juan Manuel Carreras López, de omiso y por lo tanto cómplice de los actos de corrupción por los que ha sido señalado el alcalde con licencia, Ricardo Gallardo Juárez, el mandatario señaló que “todo lo contrario (sic)”. Léase la respectiva nota informativa en: http://www.astrolabio.com.mx/desmiente-gobernador-complicidad-con-gallardo/.

Empresarios huastecos han exigido al gobernador Carreras que atienda el rubro de la inseguridad, pero tal parece que el mandatario no reacciona al grito de la sociedad, no pasa nada con las denuncias en contra de los diputados locales corruptos, hasta pareciera que existe un vacío de autoridad que tolera el delito en los representantes populares. A lo mejor tiene alguna razón Leonel Serrato Sánchez, candidato de Morena a la presidencia municipal capitalina, cuando sostiene que el gobernador de SLP se está haciendo “guaje” con las fiscalías. Léalo en http://www.astrolabio.com.mx/carreras-se-hace-guaje-leonel-serrato/. Pareciera que el llamado que hizo el presidente Peña a los gobernadores de redoblar esfuerzos en materia de inseguridad, a nuestro gobernador ese llamado se le volatilizó en el trayecto de Villahermosa a San Luis.

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