María Elena Yrízar Arias
En la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, en específico con el artículo 7, se establece que la institución tiene las siguientes atribuciones:
I. Revisar los informes financieros durante el ejercicio fiscal, con objeto de prevenir actos u omisiones que se presenten; así como auditar con posterioridad a la presentación, las cuentas públicas, los ingresos y egresos, el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos de los entes auditables, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas respectivos, así como durante el ejercicio en los casos que establece esta Ley;
II. Revisar y fiscalizar las cuentas públicas y entregar, a través de la Comisión, el informe del resultado de dicha revisión al Congreso del Estado, para los efectos que establece esta Ley;
VI Comprobar si la recaudación, administración, manejo y aplicación de recursos estatales y municipales; así como los actos, contratos, convenios, concesiones u operaciones que los entes auditables celebraron o realizaron, se ajustaron a la legalidad, y si no causaron daños o perjuicios a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al patrimonio de otros entes auditables;
XI. Investigar, en su caso, los actos u omisiones que pudieran configurar alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de los entes auditables;
XV. Determinar, conforme al procedimiento señalado en esta Ley, en su caso, los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas, estatal o municipales, o al patrimonio de otros entes auditables; fincar las responsabilidades a que haya lugar y determinar las indemnizaciones y las sanciones correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades, incluidas la presentación de las denuncias y querellas, en términos de la legislación aplicable.
Lo anterior señala la obligación de la dependencia de combatir las corruptelas, pero, desafortunadamente no es así. Se supo que aún quedan algunos compinches y protegidos de los diputados, que se habían despachado con la cuchara grande, tal como se aprecia en la relación que aparece en el link http://bit.ly/2rDzgrS donde usted puede ver el nombre de cada diputado y sus respectivos recomendados. Después supimos que más de 80 aviadores se habían retirado de la nómina oficial y que se habían eliminado, inclusive hubo algunas personas en esa lista que argumentaron que ellos no sabían que estaban en la nómina.
Así las cosas, cualquier lógica que se aplicara a esta situación indicaba que más valdría que se retiraran con dignidad, pero, resultó que no fue así, ya que prevaleció el cinismo en todo su esplendor, que tiene que ver con una conducta indebida y condenable desde la legalidad, la moral y la ética. Dicho de otra manera más simple, allí se siguen dando las sinvergüenzadas sin que nadie ponga un hasta aquí.
Lo anterior se basa en lo siguiente: Resulta que premiaron a algunos corruptos con jugosas liquidaciones, el primer ejemplo es el hermano del diputado Manuel Barrera Guillen, de nombre Fernando José, quien recibió 275,652 pesos; otro, José Luis Cortés Cuello, recibió 172,925 pesos, quien sólo había trabajado seis meses. El resto de aviadores y recomendados recibió en total más de tres millones de pesos. El ex coordinador Manuel Abraham Rejar recibió arriba de 500 mil pesos, Pedro Armendárez recibió varios cheques que suman 200 mil pesos por incentivos extraordinarios. Otros de nombres Guillermo Flores Arellano, Humberto Pérez Castillo y Daniel Mendoza Pérez, siguen controlando a la ASE.
El colmo del cinismo es que si bien la Auditoría Superior del Estado es una dependencia que tiene como labor principal combatir las corruptelas y sinvergüenzadas que se hagan en los tres poderes estatales y las 58 cuentas públicas municipales, resulta que a ellos nadie los audita. Así que es recomendable hacer una restructuración de verdad, que dé certeza a la ciudadanía y que se aclaren dentro de la ASE, los 600 mil pesos gastados en una posada a la que sólo fue el diputado Barrera Guillén y el proveedor es de Aguascalientes. Se habla de un cheque número 4190, de una liquidación de 533,904 pesos de fecha 15 de junio de 2017. Que según parece que la firma no es la del contralor de ese tiempo.
En fin, hay señalamientos muy graves de irregularidades dentro de esa dependencia. ¿Habrá voluntad política para enderezar las cosas en el gobierno del estado o seguirán las liquidaciones millonarias?
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