Por Ismael Leyva
Foto: Yo Amo Catorce
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad una reforma clave a la Ley de Tránsito local, que amplía la definición de bicicleta e incluye las bicicletas eléctricas que no superen los 25 km/h. Este cambio armoniza la legislación estatal con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, dando mayor certeza jurídica a los ciclistas en el estado. La modificación también considera a los menores de 12 años a bordo de vehículos no motorizados como peatones, lo que refuerza la protección de este sector vulnerable.
La reforma tiene varios objetivos, entre ellos fomentar el uso de medios de transporte sostenibles y fortalecer la infraestructura ciclista en San Luis Potosí. Se espera que esta medida incentive el uso de bicicletas eléctricas en las zonas urbanas, reduciendo la contaminación y el tráfico vehicular. Además, los municipios tendrán la responsabilidad de adaptar sus normativas y mejorar la infraestructura, creando un ambiente más seguro y eficiente para los ciclistas.
Sin embargo, también se presentan algunos desafíos. La falta de infraestructura adecuada podría comprometer la seguridad de los ciclistas y peatones, mientras que una posible confusión inicial en la aplicación de la ley requiere campañas de concientización para asegurar que tanto los ciclistas como los conductores de vehículos motorizados conozcan sus derechos y obligaciones.
Estadísticas alarmantes:
Este avance es crucial para San Luis Potosí, que ocupa el décimo lugar a nivel nacional en muertes de ciclistas por atropellamiento. Durante 2021, la entidad registró más de 13 muertes violentas de ciclistas en la vía pública, mayormente causadas por conductores de transporte pesado y urbano. Esta situación refleja la necesidad de políticas que garanticen la seguridad de los ciclistas, quienes son vulnerables en las calles
La reforma es vista como un primer paso importante para generar mayor conciencia sobre los derechos de los ciclistas, quienes, además de contribuir a una movilidad más sustentable, requieren de una infraestructura adecuada y respeto en las vías públicas.
La nueva legislación no solo beneficia a los ciclistas, sino que también impulsa una visión de ciudad más sustentable y responsable con el medio ambiente, aunque su éxito dependerá de la correcta implementación y adaptación de la infraestructura y la educación vial.
