Por José Ismael Leyva Nava

En San Luis Potosí, el Congreso acaba de aprobar una ley que pretende frenar la desinformación generada con inteligencia artificial. Una iniciativa nacida, en teoría, para proteger a la ciudadanía de videos deepfake, suplantaciones de identidad y alarmas públicas fabricadas desde un teclado. Hasta ahí, todo bien. Nadie desea un internet infestado de perfiles falsos que difaman, manipulan o confunden.

Pero como suele ocurrir en la política mexicana, entre lo que parece y lo que es, hay kilómetros de distancia. Y la letra chiquita del nuevo marco legal abre puertas preocupantes: puertas que podrían convertirse en rejas para periodistas, analistas, activistas y cualquier ciudadano que ose criticar al poder. Porque esta ley, en su redacción y ambigüedad, es un arma de filo político.

La norma sanciona con prisión a quien genere contenidos digitales “verosímiles o similares a la realidad” mediante IA sin consentimiento, o a quien difunda información que altere la confianza pública. El problema es que la definición de “verosímil”, “similar” o “alterar la confianza” queda a libre interpretación. Y cuando dejamos a la discreción del poder político conceptos tan amplios, lo que sigue es la tentación autoritaria.

¿Qué impide que un funcionario molesto con una investigación periodística alegue que un video editado para aclarar hechos “altera la realidad”?
Nada.
¿Qué detiene a un político señalado de corrupción a asegurar que una simulación digital “afecta la confianza pública”?
Nada.

Y peor: aunque la ley aclara que no aplica a contenido periodístico, de opinión o académico “siempre que no exista dolo”, el dolo —como siempre— se presume según la óptica de quien acusa. Es decir: ahora los periodistas tendrán que demostrar inocencia frente a una ley que, en manos equivocadas, se vuelve herramienta de intimidación jurídica.

Basta ver lo que ocurrió en otros estados o países donde normas similares terminaron usándose contra voces críticas, no contra criminales digitales. El riesgo es real: que esta ley se convierta en un mecanismo para perseguir críticas disfrazadas de “desinformación”.

Para los defensores de derechos humanos, la amenaza también está ahí. Muchas veces recurren a reconstrucciones digitales, análisis visuales y herramientas tecnológicas para demostrar abusos que las instituciones prefieren negar. Ahora, esas mismas herramientas podrían ser interpretadas como “modificación digital”. ¿Y qué funcionario resistiría la tentación de descalificar pruebas incómodas alegando que fueron procesadas con IA?

El Congreso potosino aprobó la ley con 18 votos a favor, sin un debate profundo sobre libertad de expresión ni un análisis técnico real sobre IA. Parecen haber legislado contra una amenaza tecnológica global con el mismo manual con el que se regula el uso de altavoces en un tianguis. Con buenas intenciones, sí; con buena técnica, no necesariamente.

San Luis Potosí no necesita leyes para castigar la crítica: necesita instituciones que combatan la desinformación sin criminalizar a quien informa; necesita alfabetización digital, transparencia y protocolos claros. No más áreas grises que pueden convertirse en sombras de censura.

Porque hoy la norma pretende detener deepfakes. Pero mañana, si no se vigila su aplicación, podría detener periodistas. Y entonces la pregunta será obligada:

¿La ley protege a los ciudadanos o protege al poder de los ciudadanos?

P.D. A Alfredo Narváez: Mi solidaridad y apoyo.

P.D 2. Si, son ustedes diputados, caricaruras hechas por IA o podria ser por ustedes mismos