La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la instancia central nacional facultada para recibir
reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;
además de analizar los datos contenidos en los mismos, así como diversa información
relacionada, a fin de identificar operaciones financieras y económicas; diseminar reportes de
inteligencia y otros documentos útiles para detectar probables operaciones con recursos de
procedencia ilícita (ORPI) y/o financiamiento al terrorismo (FT), para en su caso presentar las
denuncias ante la autoridad competente1
.
En 2022 se documentaron diversas denuncias ciudadanas en las cuales se señaló que, a través
de Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram y Gmail, diversas aplicaciones móviles
ofrecieron préstamos inmediatos con mínimos requisitos y sin consultar el buró de crédito,
haciéndose pasar por entidades del sistema financiero.

En la publicidad de las aplicaciones señalaron que los montos de los préstamos fueron desde $500 hasta $20,000 pesos, sin embargo, el monto real del depósito nunca excedió de los $9,900 pesos, se argumentaron
diversos gastos por el uso de la aplicación y cobro de “IVA”, por lo que la deuda inicial fue de
$14,000 pesos, más el pago de intereses, los cuales llegaron hasta del 85% semanal.

En las denuncias se ha señalado que, luego de descargar la aplicación, tuvieron que aceptar los
términos y condiciones (de la misma) que implica otorgar permiso para el acceso a sus
contactos, fotografías, ubicación, cámara, recepción de mensajes de texto y llamadas, además
de proporcionar un número de cuenta bancario para recibir el depósito del préstamo.

El préstamo era dispersado a minutos de hacer la solicitud vía Speis a través de una Institución de
Tecnología Financiera, la cual se identificó fue utilizada por las empresas dueñas de las
aplicaciones para el envío y recepción de los préstamos y el cobro de los intereses.
Se identificó que las aplicaciones incumplían los términos anunciados respecto a los plazos, ya
que, sin autorización ni notificación previa, adelantaban el día de pago y cobro de los intereses.

Los usuarios señalaron que se enteraron del vencimiento anticipado mediante un mensaje vía
WhatsApp de un supuesto gestor de cobranza, que en algunos casos solicitó el reembolso total
del préstamo o el pago parcial. Al no cumplir con el o los pago(s), los usuarios (víctimas)
comenzaron a recibir mensajes de intimidación, amenazas de muerte, videos de
decapitaciones y torturas, imágenes de sus fotos con mensajes de desprestigio, acusándoles de
estafadores, defraudadores y ofreciendo servicios sexuales a los contactos registrados en su
celular.

Durante 2022 se identificaron 11,594 denuncias ciudadanas bajo la modalidad descrita, según
datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Jurídica de la Ciudad de México.
Ante esta situación se integró un grupo de trabajo en el que participaron las siguientes
autoridades: Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, Procuraduría Fiscal Federal (PFF),
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de
México (FGJCDMX), Secretaría de Seguridad Pública CDMX y Unidad de Inteligencia Financiera,
y se realizaron las siguientes acciones:

1. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de la Dirección General de Visitas
de Investigación realizó el análisis técnico en el que emitió opiniones de delito2 contra 35
sujetos, en las que determinó que “quedó acreditado que la App se está ostentando
como Entidad Financiera, sin contar con autorización para ello, conducta desplegada
y comprobada en su modalidad de ostentación, ya que en la época de los hechos a
través de su publicidad se ostentó frente al público, como Entidad Financiera, sin
contar con autorización para constituirse y operar como tal; por lo que la conducta
desplegada por los sujetos activos que la representan se adecua a la hipótesis prevista
en el artículo 111 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito”, al respecto, la PFF formuló 35
denuncias o querellas ante la Fiscalía General de la Republica por delitos financieros.

2. La Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes de la Coordinación General de
Investigación de Delitos de Alto Impacto de la FGJCDMX inició la carpeta de
investigación, y solicitó la vinculación a procesos de los sujetos detenidos, misma que
fue concedida por un Juez de Control de la Ciudad de México. Por lo que dicha autoridad,
el 19 de agosto de 2022, solicitó la colaboración de la UIF para incluir en la lista de
personas bloqueadas a 29 sujetos.

3. La UIF analizó las operaciones detectadas en el esquema “Monta deudas” y logró
identificar un esquema conformado por 24 empresas y 5 personas físicas relacionadas,
que de conformidad con la opinión de delito emitida por la CNBV desplegaron la
conducta de a quien a través de su publicidad se ostente como Entidad Financiera, sin
contar con autorización para constituirse y operar como tal, de conformidad con el
artículo 111 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito; así como amenazas y cobranza
extrajudicial ilegal, previsto en el artículo 282 del Código Penal Federal.