EL CENIT
Por: Raúl Axel Mayorga Molina
Violencia obstétrica
Uno a veces escucha sobre ciertos hechos y no le cae el veinte hasta que lo ve de cerca y esto resulta revelador, pues devela la naturaleza de situaciones que nos son ajenas, incluso, hasta por la biología. En este caso, la semana pasada atestigüé la forma en que una amiga de años fue objeto de violencia obstétrica en el Hospital General de Matehuala.
Ya han sido varias las ocasiones en que dicho nosocomio ha sido señalado por prestar un mal servicio y negligencia (para muestra: aquí, aquí, aquí y aquí) y se sabe que son pocos los casos que trascienden a las instancias protectoras de derechos humanos y los medios de comunicación. Gran parte de los usuarios afectados por el negligente servicio del Hospital General prefiere guardárselo porque les parece que no pasará nada y será mayor el esfuerzo que el resultado de quejarse ante las instancias correspondientes. El caso de mi amiga no es distinto.
Ella, con casi tres meses de embarazo, fue referida por un ginecólogo particular al Hospital General porque presentaba dolor y sangrado. En ese sitio le confirmaron el diagnóstico que previamente le dio el especialista: había sufrido un aborto. Fue entonces que fue internada a la espera de que hubiera un médico que le pudiera practicar un legrado.
Sin embargo, desde que fue internada hasta que finalmente le hicieron el procedimiento, pasaron más de 24 horas. Llama la atención que además le aplicaron un medicamento para que expulsara el producto, además, que la mantuvieron ese lapso sin alimentos ni agua, en un cuarto donde se tuvo que quedar sola en ocasiones porque su pareja no podía acompañarla ya que sólo se permitía la permanencia de otras mujeres en ese espacio. Eso, sin contar el trato deshumanizado e impersonal que le ofrecieron a ella, familiares y amigos el personal médico y de enfermería del hospital.
Pero bueno, en torno a esto falta definir qué es la violencia obstétrica de la que sostengo, mi amiga fue presa.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) la define como:
“un tipo de violencia que se genera en los servicios de salud públicos o privados que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto. Esta violencia puede expresarse en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, en tratos crueles, inhumano o degradante por parte del personal de salud, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.”
Por lo que podemos ver, son muchos los casos en los que se presume violencia obstétrica en el Hospital General, aunque como afirmé previamente, pocos son denunciados. La pregunta es: ¿Qué hicimos los matehualenses (en especial las mujeres) para merecer tal servicio?
Un conocido que estudia medicina me comentó que la forma de trabajar de médicos y enfermeras/os responde la lógica de salvar vidas a como dé lugar y que igual y el trato no es el mejor por la elevada cantidad de casos que atienden día a día. Esto fue una justificación parcial, aunque reconoció que hay profesionales de la salud que olvidan por completo que no trabajan con cuerpos inanimados, sino con personas.
Ahora bien, no es culpa de los derechohabientes la cantidad de personas que atienden los hospitales públicos a diario, pero tampoco es culpa del personal que ahí labora. Lo cierto es que el sector salud cuenta con recursos limitados y en algunos servicios como los que da el Seguro Popular, a las personas de menos recursos, se les trata a los pacientes y sus familias como si se les hiciera un favor, cuando el derecho a la salud está consagrado desde hace mucho en la Constitución. Más, como suele pasar en nuestro país, la Constitución es letra muerta para unas cosas…
La solución groso modo es aumentar los espacios hospitalarios y que haya más personal, que un solo médico o enfermera no tengan que atender por sí mismos a cientos de personas hoy y el día que le sigue y el siguiente y el siguiente. También, los salarios de estos tienen que aumentar, se les debe capacitar en derechos humanos y empatía, cosa que no sé si impartan en las facultades de medicina, así como proveer a los hospitales públicos de más medicamentos y equipos.
En sí la solución que doy es simplista porque es utópica. Como estudioso de las leyes y de las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos, me gustaría que las primeras fueran eficientes y los segundos defensores y exigentes del cumplimiento cabal de sus derechos. Por lo pronto en casos de violencia obstétrica los médicos deben reconsiderar su actitud, por qué están ahí, dedicándose a salvar vidas a sabiendas de que en esta ciencia no todo debería ser una cuestión monetaria y de maquillar indicadores que nadie leerá. Ojalá la dirección del Hospital General de Matehuala y la Jurisdicción Sanitaria No. 2 se propongan eliminar este tipo de violencia que dificulta la ya de por sí ardua vida de las mujeres.
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Raúl Axel Mayorga Molina (San Luis Potosí, S.L.P., 1990) es estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México en la modalidad a distancia.
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