María Elena Yrízar Arias

En mayo pasado salió a la luz pública una acusación que señalaba a la doctora Mónica Rangel, titular de los Servicios de Salud Pública Estatal, de presunta responsable de actos de corrupción por unos contratos que celebró con diversas empresas representadas por Gabriel Salazar Cano. El 29 de mayo convocó a una conferencia de prensa vespertina, donde fue acompañada por el secretario general de Gobierno, quien intervino por ella y dijo que “hasta este momento, como lo ha revisado el propio contralor y la propia Auditoría Federal y la propia institución, pues no hay absolutamente nada”. Alejandro Leal Tovías no sólo negó que hubiera pruebas sobre contratos irregulares o empresas fantasmas, sino que tachó de “distracciones” los señalamientos de corrupción y contratos apócrifos y dijo que “no debemos caer en estas distracciones”.De cualquier forma, la doctora Rangel negó categóricamente que haya dado contratos a este señor y se curó en salud, declarándose inocente de todo señalamiento.

Lo malo para ella fue que dos días después tuvo que aceptar públicamente que sí existían mil 297 contratos celebrados, de los cuales 17 eran con empresas donde Salazar Soto era apoderado legal o proveedor, además de comentar que de los siete mil millones de pesos que ejerció su dependencia entre 2017 y 2018, los contratos con las empresas de Gabriel Salazar apenas ascendían al 0.9 por ciento de lo erogado. Fueron 64 millones 977 mil 396.96 lo que se gastó en contratos con Salazar Soto. A partir de esa conferencia de prensa, se han venido haciendo nuevos señalamientos.

Anteayer, el vocero de Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, dio a conocer públicamente los resultados de una investigación que hizo esa organización, la que se inició con motivo de la solicitud de información a los Servicios de Salud Pública del Estado, mediante la cual, la dependencia, a su vez como respuesta entregó un listado de las empresas con las que ha hecho compras. Con esa lista en mano, la organización citada procedió a verificar los datos, detectaron que habían algunas empresas que resultaron inexistentes, pero que se habían celebrado algunas compras de productos y servicios.

En el portal de Ciudadanos Observando se lee un artículo llamado “Epidemia de la Corrupción”. La investigación muestra una red de empresas que ha operado en los Servicios de Salud del Gobierno de San Luis Potosí en este sexenio de Juan Manuel Carreras, para desviar presuntamente más de 200 millones de pesos. Los vínculos con un “empresario favorecido” y diversas empresas fantasmas quedan al descubierto. La investigación está basada en información y documentos oficiales obtenidos por transparencia mediante las solicitudes de información con folios 0155720, 0156120, 0756210 y 0735920, así como visitas de campo y entrevistas presenciales.

La administración de Juan Manuel Carreras ha estado inmersa en escándalos de corrupción, que en lugar de combatirse se han solapado y encubierto. Como una simple muestra, la Secretaría de Hacienda incluyó en el oficio número 500-05-2019-27749 de fecha 27 de agosto de 2019 como empresa fantasma a la razón social 79 Integración Empresarial Center que recibió pagos por 2.7 millones de pesos. Como este caso existen cientos de pagos a empresas fantasmas en diversas dependencias del gobierno estatal.

De forma concreta, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que encabeza Mónica Liliana Rangel Martínez destinó millonarios pagos a empresas vinculadas a Gabriel Salazar Soto, a sus socios que aparecen en contratos, empresas fantasmas y empresas señaladas de haber sido favorecidas durante el periodo de Enrique Peña Nieto que facturaron a sobreprecios. Algunas han sido inhabilitadas y otras han tenido que ajustar sus precios.

A los procesos de compras y adquisiciones se les detectaron diversas anomalías y fueron evidentemente manejados para beneficiar a Gabriel Salazar Soto y sus diversas razones sociales. Existen firmas evidentemente falsificadas de funcionarios que supuestamente participaron en los procesos de compras, así como de supuestos representantes de las empresas en las cotizaciones, contratos y otros documentos donde ninguna de las firmas coincide.

En el mismo documento, se señala que Gabriel Salazar Soto, tal como se autodenomina, es un “joven emprendedor, millonario, influencer, ex vendedor de enchiladas, de 28 años y creador del Grupo Infinite y dueño de 24 empresas”. Llamó mucho la atención su ascenso meteórico y la vida llena de lujos que presume en sus redes sociales. Por medio de la Secretaría de Salud del Gobierno de San Luis Potosí recibió fuertes cantidades de dinero mediante procesos de compra y adquisiciones amañados, se detectaron empresas fantasmas y presentó hasta fianzas apócrifas. Por otro lado, actualmente enfrenta diversas denuncias penales de personas presuntamente defraudadas por medio de la empresa Invercorp Capital Financial. Sobre los datos de las cantidades de dinero y nombre de las empresas fantasmas, y demás datos relacionados, leer más: https://www.ciudadanosobservando.org.mx/news/pandemia-de-corrupcion-en-los-servicios-de-salud-de-slp/?fbclid=IwAR2tohZ1Rs-g3Vs8QJgsLBNU5CwrE1Gha91QMvnh9y-MArg7wb6ZoXMClnQ

Ademas, José Guadalupe González Covarrubias también acusó que esta investigación revela que existe “una red que ha operado en completa impunidad con anuencia de la cabeza, porque no lo hubieran podido hacer si no hubiera permisividad (la secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel)”. Sobre estos datos, se destacan la empresa Kubal ZF Comercializadora Integral, S.A de C.V., por un monto de 50 millones 478,588 pesos, otra Kazpher Proyectos, Insumos y Mantenimiento Universal por un monto de 16 millones 700 mil pesos y Corporativo Ribe de San Luis, S.A. de C.V., por 15 millones 843 mil 75 pesos. Haciéndose la aclaración que la suma total a que se refiere la denuncia es de 176 millones 425 mil 154 pesos. Que desde luego es una cantidad muy fuerte.

Además de lo anterior, también se difundió esta noticia por los medios nacionales como la revista Proceso, Sinembargo.mx y Pedro Ferriz de Con, donde hacen señalamientos de corrupción que se ha venido dando en los Servicios de Salud Pública de San Luis Potosí, pagar a empresas propiedad de Gabriel Salazar Soto, con el desvío de recursos económicos. Por cierto, empresas que en los domicilios que tienen legalmente, ni siquiera existen. Sobre estos señalamientos, el gobernador del estado Juan Manuel Carreras y la misma Mónica Rangel, han hecho un silencio sepulcral con relación a esta grave acusación de corrupción. En realidad no ha habido un pronunciamiento oficial, ante el presunto desvío de dinero, ni quién aclare o deslinde a los responsables de estos señalamientos. Lo que resulta muy delicado, pues un gobierno tiene que dar la cara ante un señalamiento o acusación tan grave. Cuando menos debe tener una postura. Pero no se ha visto nada de eso.

Armando Acosta, del periódico San Luis Hoy, en su columna Bitácora de ayer, publicó que “el mutismo oficial tiene lógica, no se puede defender lo indefendible; las denuncias de corrupción en la Secretaría de Salud estatal podrían ser apenas la punta del iceberg, los desvíos de recursos públicos podrían ser mucho mayores, además de que esto daría pie a una revisión a profundidad de todos los gastos del gobierno estatal en turno, donde saldrían sin duda más irregularidades; las pruebas de las innumerables triquiñuelas en la dependencia de Salud son irrefutables, contundentes y demoledoras, que no deberían de ignorarse, como lo hacen Juan Manuel Carreras López y el Contralor General del Estado, el florero Óscar Alarcón Guerrero.

El primer mandatario pretende sacar de donde sea y como sea 700 millones de pesos dizque para enfrentar la contingencia sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19, tan sólo el recurso entregado ilegalmente a empresas de Gabriel Salazar Soto por parte de la SSSLP, representa más del 25 por ciento de estos 700 millones solicitados por “el güerito” Carreras… Juan Manuel Carreras, por omisión o por complicidad, al no actuar ante la terrible corrupción en la Secretaría de Salud es el principal responsable de esta lamentable situación del saqueo de las arcas públicas, un inciso del Artículo 124 de la Constitución Política de SLP, reformado en octubre de 2017 dice: “El Gobernador del estado, mientras permanezca en el desempeño de su encargo, podrá ser acusado por actos u omisiones que perjudiquen el buen despacho, o los intereses públicos fundamentales, ello mediante juicio político, e imponérsele las sanciones previstas por esta Constitución”, hay que recordarle al “güerito” Carreras que el peor año de gobierno es el séptimo, pero en fin…”

El diputado federal de Morena, Ricardo del Sol, publicó en redes sociales ayer mismo que “les quiero compartir este gran trabajo de investigación realizado por Ciudadanos Observando, en esta investigación claramente se comprueba la red de corrupción, donde por medio de empresas fantasmas la secretaría de salud del gobierno estatal ha realizado desvíos de recursos por 174 millones de pesos. No podemos permitir que estos casos de corrupción queden impunes, por ello y gracias a esta gran aportación de investigación por parte de Ciudadanos Observando, seguiremos presionando en la Auditoría Superior de la Federación y en la Auditoría Superior del Estado para esclarecer y procesar a todos los involucrados en este grave y lamentable caso de corrupción”.

Anteayer, Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, titular de la Auditoría Superior del Estado, afirmó que ya está en proceso de planeación la revisión de la auditoría especial a la Secretaría de Salud que previamente le solicitó la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado por la vinculación con el grupo empresarial Infinite, el cual dirige Gabriel Alan Salazar Soto, quien estaría ligado a las 19 razones sociales con las que tiene contrato la Secretaría de Salud. Tras el proceso de análisis que haga la ASE, y después de que esta emita una recomendación técnica, el Congreso del Estado estaría en posibilidades de enviar el caso de la Secretaría de Salud y sus contratos irregulares a autoridades sancionadoras: la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y los órganos internos de control.

Ayer, un periodista en la conferencia de prensa que diera la doctora Rangel, le preguntó a ella: “este tipo de casos, a su consideración, donde pareciera que se manejan contratos irregulares, ¿no afectan a los servicios de salud que están atendiendo una crisis sanitaria, no vulneran a los potosinos?” Ella respondió tajantemente: que sí los vulneran, pero “en el sentido que tratan de distraernos en situaciones que deben comprobar los entes fiscalizadores”. Agregó: “no nos desviemos, no desviemos la atención de lo que la gente realmente tiene que llevar a cabo, la gente se muere”.

Siguió minimizando el tema diciendo que “vamos a ocuparnos de lo importante, que es cuidar la vida de los potosinos, si no hacemos nuestro trabajo la gente se muere, distraer al personal nos puede llevar a que se pierdan vidas”. ¿Cómo la ve usted?

Necesitamos que se distraigan, tanto ella como el gobernador, para que den la cara y expliquen. De lo contrario, allí se las verán en las urnas en las próximas elecciones. No queremos que este sea un caso más de denuncia y que no pasa nada.

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