EN poco más de un mes la Constitución Política que rige al país cumplirá 100 años. En la pasada columna, la cuatro, hablaba de lo poco que se conoce de ella y que esto hace que la ciudadanía no conozca sus propios derechos y obligaciones y que también no sepa qué hacen la mayoría de los funcionarios públicos y burócratas del país. Para lograr un Estado de Derecho*, los mexicanos tenemos que conocer nuestra Carta Magna y algunas de las disposiciones que emanan de ellas, tales como las Constituciones estatales y otras leyes. Propongo que, para ello, en el centenario de la Ley Fundamental de México difundamos sus artículos e interpretemos a la gente lo que ellos significan.

En enero de 2014, cuando el colectivo Acción Política de Matehuala (AP) hizo aparición, lo hizo concretamente con el bonogate, es decir la protesta pacífica más significativa que hubo tenido este municipio hasta ahora que respaldaron con sus firmas más de 5 mil ciudadanos que se opusieron a ese oneroso y desproporcionado estímulo para los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento matehualense. Sin embargo, previo a esto, AP tenía la misión de llevar a las calles los artículos de la Constitución, especialmente el 39 que dice, textualmente: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”

Es decir, el poder somos nosotros los mexicanos y ese precioso precepto constitucional no son sólo palabras huecas, es una aspiración, un orden establecido por los Diputados Constituyentes hace 100 años para asegurar que jamás habría un poder superior al de la soberanía popular, que sólo los mexicanos pueden decidir sobre su destino y que quienes lo representen lo harán en todo momento para su beneficio y prosperidad. También nos dice que el pueblo puede modificar su forma de gobierno, si la actual ya no le conviene.

Lamentablemente el orden constitucional establecido en Querétaro, nacido de la Revolución Mexicana, se vino casi abajo al tomar posesión los primeros gobiernos nacidos de la lucha fratricida que significó esa Guerra civil. De acuerdo a la Cámara de Diputados, la Constitución Federal ha sido modificada hasta ahora 699 veces**, por lo que podemos asumir que del texto original no queda mucho; afortunadamente, el artículo 39 jamás ha sido tocado por legislatura alguna.

Ahora bien, la Constitución fue modificada en todos estos años, tantas veces, para satisfacer los caprichos del gobernante en turno y no siempre para beneficiar al pueblo. Opino que si todos los cambios que se le hicieron casi desde su origen, la realidad mexicana sería otra y no la podredumbre actual. Lamentablemente, el hecho de modificarla no hizo gran cosa porque siempre hemos fallado, sociedad y gobierno, en aplicarla como debe ser. Es más, toleramos la violación continua a la Constitución desde el ámbito privado de la ciudadanía hasta la cosa pública cuando dejamos que se atropellen nuestros derechos y se nos impongan más y más obligaciones, como sostener todo un aparato gubernamental caro e ineficiente, lleno de servidores públicos que viven como reyes en un régimen republicano.

Ejemplo de ello es la #LeyGolpista que la actual Administración Pública Federal está impulsando en el Congreso de la Unión, para darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas para combatir asuntos de orden civil. Se supone que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada existen para protegernos de amenazas externas, no para perseguir delitos que, por ley, corresponden a las policías; asimismo, es necesario resaltar que el proyecto que se está consensando entre el PRI, PAN, PVEM, PES y PANAL es alarmante porque le da mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas y faculta al Presidente de la República para suspender derechos y garantías y someter todo poder civil al militar; nunca en el México moderno y democrático debería ser posible esto y menos viendo lo que pasó en otros países latinoamericanos el siglo pasado, con las dictaduras de corte militar (Chile y Argentina como ejemplos).

Más de nuevo caemos en lo mismo: todo se debe al desconocimiento de nuestras leyes, que en ocasiones no cumplimos, y la permisividad que tenemos con la corrupción y la galopante impunidad que reinan hoy. Dicho lo anterior, la Constitución Política de 1917 parece más letra muerta que una realidad tangible para los 120 millones que habitamos este país y que estaremos ahora a merced ya no sólo de amenazas del otro lado de la frontera norte, sino de nuestro propio gobierno.

¡Hasta la próxima!

Notas:

* El “Estado de Derecho” es la forma ideal en que debería organizarse cualquier país, pues en este los poderes del Estado se encuentran sometidos a la autoridad de las leyes.

** Cámara de Diputados. “Reformas Constitucionales por Artículo. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el15 de agosto de 2016”, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm