La Auditoría Superior del Estado denuncia penalmente a ex alcalde de Matehuala

Por María Elena Yrízar Arias

Ayer, el equipo jurídico de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí presentó una querella penal por los delitos de peculado y ejercicio indebido de la función pública, a causa del incumplimiento de las observaciones hechas por la dependencia previamente en las auditorías aplicadas a la administración de ese municipio y como resultado del análisis del gasto al ejercicio fiscal 2011 que hicieran los auditores en su momento, y que los ex funcionarios de Matehuala al parecer habrían participado en el uso indebido de recursos del Ramo 33, los que estaban previamente etiquetados para la ejecución de obra pública de carácter social, contra tres ex funcionarios públicos del municipio de Matehuala: el ex alcalde Francisco Javier Hernández Loera, la ex tesorera Silvia Leonor Castilleja Valadez y el ex coordinador de Desarrollo Social del municipio, Alfredo Espinosa Sánchez.

La Auditoría Superior del Estado requirió oportunamente a los funcionarios públicos municipales de Matehuala, para que en un término legal que se les concedió oportunamente, cuando estuvieron en sus funciones, pudieran solventar las observaciones que la dependencia les hizo para aclarar las cuentas públicas de 2011, por un monto superior a los 20 millones de pesos provenientes del Ramo 33, que no justificaron en su oportunidad, –ya que la obligación del funcionario público es demostrar a la Contraloría que efectivamente se hacen las obras como están planeadas en los expedientes técnicos, que se pagan los materiales e insumos necesarios para efectuar las obras y se gasta el costo de la obra, por cada uno de los componentes de la misma, lo que previamente se aprobó sobre la obra pública–. Entonces, el uso indebido de los recursos económicos tiene que ver con el hecho de que no se cumpla con las obras planeadas o los componentes técnicos de las mismas.

Por ejemplo, la pavimentación de una calle, se debe ejecutar la obra con las cantidades de metros cuadrados del área, la ubicación a donde está programada, las características como el grosor de la capa asfáltica o del espesor del concreto, por decir algo. No se debe ejecutar una obra en otro sitio o lugar que no esté programada y no se debe desviar dinero de una obra a otra. (Lo anterior es para hacernos una idea de cómo se deben aplicar los recursos).

Una de las observaciones importante tiene que ver con una obra de un costo aproximado de 600 mil pesos que presuntamente fueron desviados, al encontrar el organismo fiscalizador que tal cantidad fue registrada en diversas obras, sin localizar evidencia real de su aplicación en las obras reportadas por esa administración. Como quien dice, ni encontraron la obra, ni tampoco localizaron los recursos aplicados a otras obras.

Eso quiere decir que ni ellos dejaron rastro del importe, por no estar aplicado ni a la obra que debieron hacer, pues menos van a encontrar ese dinero aplicado a otra obra, que por cierto, previamente están planeadas con los costos reales que puedan gastarse en la ejecución. En otras palabras, una obra planeada cubre todo el costo. Entonces, no es necesario aplicar recursos de una obra a otra. Eso no es cierto. Eso no es posible y es ilegal totalmente.

Los presuntos responsables, según la ASE, manejaron de manera indebida recursos etiquetados para obra pública durante el ejercicio 2011, en el municipio de Matehuala. Lo indebido aquí está en haber desaparecido los recursos y no justificar en dónde los aplicaron. Eso sería justificarle a la Auditoría Superior del Estado la forma y términos en que se aplica el dinero. Además de los justificantes como facturas de cada material comprado, nóminas de trabajadores, compra de implementos como carretillas, palas y demás herramientas que se utilicen de conformidad con el tipo de obra, los cheques con que se pagan, de qué cuentas bancarias, quién recibe el pago, etcétera, de tal forma que se demuestre una aplicación responsable de los recursos.

Esta noticia, que fue difundida a través del boletín que emitió la dependencia, tiene un buen significado, porque si bien estos hechos tienen ocho años de haberse cometido, la voluntad política del gobernador se ve manifiesta en que “ahora” se proceda legalmente contra el ex presidente municipal de Matehuala y sus funcionarios públicos.

Lo que debe ser un aviso para los demás presidentes municipales que tienen múltiples observaciones y han de pensar que el tiempo les va a ayudar a que pueblo y el mismo gobierno olviden sus fechorías, deberán preocuparse o ponerse a solventar las observaciones que les han hecho. Es lógico que el gobierno del estado quiera meter rienda a las corruptelas, eso ayudará a la recuperación de la credibilidad de las instituciones del Estado.

La misma ASE ha advertido que “no descarta la próxima presentación de más denuncias penales en contra de ex funcionarios de otros municipios y entes fiscalizables, en virtud de que actualmente trabaja en la integración de otros expedientes que en su momento serán remitidos a la Fiscalía que corresponda, los cuales se darán a conocer de manera oportuna a la ciudadanía”. El problema para la Auditoría Superior del Estado es que tiene acumuladas varias administraciones desde el año 2011, a la anterior administración por ejemplo en el mismo municipio de Matehuala, donde abundan las observaciones y así están por todos los rumbos del estado. Pero, lo bueno es que por alguien empiecen. Limpiar la corrupción debe ser una vocación del actual gobierno estatal. El pueblo lo aclamaría.

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