PIDEN AUMENTAR 30 POR CIENTO EL PRESUPUESTO AL INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD PARA EL 2019.

DIP. RICARDO VILLARREAL LOO PRESENTA PUNTO DE ACUERDO PARA PROMOVER ESTE AUMENTO.

Para apoyar, respaldar y proteger a nuestra juventud de la crisis de violencia y la inseguridad pública que se vive en nuestra entidad, el diputado Ricardo Villarreal Loo presentó una iniciativa de acuerdo económico para promover para el año 2019 el incremento de por lo menos del 30 por ciento del presupuesto del Instituto Potosino de la Juventud respecto al correspondiente al año 2018, en virtud de ser necesario financiar muchas más campañas de prevención de consumo de drogas, favorecer hábitos de sano esparcimiento e inhibir las conductas delictivas.

En la iniciativa presentada, el legislador señala que es preocupación de los ciudadanos de su distrito y de la sociedad potosina en su conjunto que se incrementen los fondos presupuestales asignados al Instituto Potosino de la Juventud para los fines mencionados. De autorizarse ese aumento, la partida autorizada para este año que es de 12 millones 593 mil 706 pesos, se incrementaría a 16 millones 371 mil 817 pesos.

“Con ese apoyo confiamos en que el Instituto Potosino de la Juventud pueda continuar y extender las campañas de prevención en todo el estado. Tenemos que tomar en cuenta, que por cada caso en el que se logre prevenir estas conductas, representaría un ingreso menos a otros sistemas estatales más costosos y complejos, como el sistema de justicia para adolescentes y el sistema de salud, sin contar con los beneficios sociales que esto traería”, expone el diputado.

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada se especifica que de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, en nuestro estado hay 690 mil personas de 15 a 29 años, y constituyen el 25.4% del total de la población; de ellos, 37.7% son adolescentes (entre 15-19 años), el 34.6% son jóvenes de 20-24 años, y el 28.1% tienen 25-29 años de edad.

Boletín Informativo. Dip. Ricardo Villarreal Loo. Sábado 24 de noviembre de 2018.

Este amplio sector de la población, enfrenta problemas propios, los cuales se condensan en el concepto que los estudios sobre el tema de adolescencia y juventud han definido como vulnerabilidad. Esto es una condición que aumenta la probabilidad de que los jóvenes se involucren en conductas antisociales y se produce por la combinación de pobreza, poco acceso a la educación, o bien deserción, desempleo o bajo ingreso, así como maltrato y discriminación.

Aunque se trata de un problema ampliamente conocido y estudiado, en los últimos años se puede afirmar que el involucramiento de los jóvenes en hechos delictivos, así como en el consumo de drogas ilegales, ha estado aumentando en nuestra entidad.

Específicamente, en términos del consumo de drogas ilegales, las estadísticas contenidas en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 de la Secretaría de Salud, indica que entre los años 2008 al 2016 la incidencia del consumo de drogas ilegales en la población potosina de 12-25 años, ha aumentado de 1.7% a 9.3%, es decir en 8 años ha subido alrededor de cinco veces.

El consumo de drogas ilegales está asociado con otros aspectos como el desarrollo de conductas adictivas, y en la actualidad se relaciona también con una vinculación a actividades ilícitas, siendo esto una parte de las complejas condiciones de la inseguridad en el estado. Respecto al aumento de la participación de los jóvenes en hechos delictivos, es un fenómeno que ya ha sido señalado por varios legisladores en esta Soberanía, subrayando la necesidad de implementar políticas de prevención, la cual es una postura digna de tomar en cuenta, ya que por ejemplo, según el INEGI, el 18.9% de las muertes en varones jóvenes en la entidad son por agresiones violentas.

Al considerar a los jóvenes en el escenario global de la inseguridad en México, y en San Luis Potosí, tenemos que comprender el valor de las políticas públicas de prevención, frente a la vulnerabilidad de estos sectores; sostiene la iniciativa que fue turnada a las comisiones de Hacienda del Estado; y Derechos Humanos, Igualdad y Género, para su análisis correspondiente.